(Noticias de Chihuahua).- Chihuahua es una de las entidades de las que 10 delegaciones de la PGR en el país reportaron datos relacionados con el delito de introducción ilegal de armas, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, pasando la entidad de 7 reportes a 6.
Esto fue dado a conocer en un documento enviado a la Cámara de Diputados Federales en el que se habla acerca de los procesos judiciales que se han seguido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada con motivo del delito de introducción ilegal de armas a territorio nacional reportando a nivel nacional siete procesados y dos sentencias en esta materia.
Fue la diputada lupita Pérez del PRI, quien solicitó a la PGR informe sobre las estadísticas de procesados y sentenciados por el delito de introducción ilegal de armas, asegurando que “En México, este tráfico se encuentra asociado, hoy más que nunca, a las organizaciones del crimen organizado. Se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad, sin embargo, es necesario reconocer que nuestro país vive una crisis por este contrabando y los crímenes que se cometen cada año”.
El reporte de la PGR señala que diez delegaciones estatales de la PGR, entre ellas Chihuahua, informaron haber encontrado armas ilegales, el delito de introducción ilegal de armas, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
Baja California reportó en el 2006 en casos 7 al igual que en el 2011, Coahuila 7 en relación al 2006 y 6 para el 2011, Chihuahua 7 en 2006 y 7 para finales del 2011, Nuevo León 4 tanto en el 2006 como en el 2011, Quintana Roo 1 y para el 2011 ninguno, San Luis Potosí para el 2006 fue de 1 al igual que en el 2011, Sinaloa reportó un caso tanto para el 2006 y 2011, Sonora de 18 pasó a 16, mientras que Tabasco de 4 en 2006 pasó a no reportar ni uno y Tamaulipas de 19 a 17 en el 2011.
Para el 2006 eran 69 y para el 2011 sólo 59, según el reporte enviado conforme los Códigos Federal de Procedimientos Penales, el Penal Federal, así como las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Orgánica del Congreso General.
